El alcalde popular asegura que las diligencias contra él en el Tribunal Supremo “son una cortina de humo del PSOE”.
La Fiscalía investiga al también diputado del PP en el Congreso por delitos de prevaricación y malversación.
Miércoles, 17 de octubre de 2018. Al alcalde de Palos de la Frontera y diputado del PP en el Congreso, Carmelo Romero, parece no haberle gustado verse -otra vez- envuelto en un escándalo de corrupción a cuenta del chiringuito de “contratos a dedo” que la fiscalía del Tribunal Supremo ha decidido investigar e el municipio que preside desde hace 23 años. El fiscal le imputa delitos de prevaricación y malversación.
Romero, que ya acumula un par de condenas por negarse a facilitar a la oposición los expedientes que justifiquen su personal sistema de selección de personal con sueldo a cargo del Consistorio palense, ha echado balones fuera y este martes ha asegurado ante los medios de comunicación que la investigación abierta por la fiscalía del Tribunal Supremo (a cuya jurisdicción está acogido por su condición de aforado) responde a una “cortina de humo” que el popular sitúa en el debe del PSOE provincial, para desvíar la atención pública sobre el “caso Aljaraque” y la presunta relación del secretario general de los socialistas onubenses, Ignacio Caraballo, con el mismo. Es más, Romero ha llegado a insinuar que su imputación podría ser parte de “una estrategia del PSOE” para desbancarlo de la alcaldía». O incluso «un cúmulo de todo».
Romero ante el Supremo
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha abierto diligencias de investigación contra Carmelo Romero por presuntos delitos de prevaricación y malversación relacionados con la contratación de personal en varias dependencias del Ayuntamiento, tras recibir de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Huelva las diligencias realizadas, ya que Romero es persona aforada por ser también diputado nacional en el Congreso.
En concreto se denuncia que durante el periodo 2011-2015, el alcalde y diputado del PP habría realizado contratos de trabajo de carácter temporal a diversas personas como personal adscrito a distintos departamentos municipales «careciendo por completo de cualquier expediente previo de contratación». Los departamentos y entidades afectados por las contrataciones “a dedo” son el Servicio de Tesorería, Servicios Sociales, Servicios de Aguas, departamento de personal, la residencia de ancianos Juan Pablo II y polideportivo municipal.
En la denuncia que investiga la fiscalía del TS se hace alusión a que «no se facilita» a este grupo municipal la información correspondiente sobre la contratación de personal adscrito al Consistorio palermo, y sobre los contratos menores con un proveedor en 2013 y 2014, negocio regentado por «un cuñado» de un concejal del equipo de gobierno.
La apertura de diligencias llega tras la denuncia presentada por el concejal de APIN, Cristóbal Rojas, quien, en el ejercicio de sus funciones como concejal, solicitó de forma reiterada el acceso a los expedientes de contratación del personal laboral en los departamentos y entidades señalados mediante escritos dirigidos a Romero, sin que este accediera a sus peticiones.
Esto motivó que Rojas presentara una primera demanda por lo contencioso-administrativo, sobre la que se dictó sentencia, en la que considera los hechos probados y que no se le había facilitado la información requerida de forma reiterada al regidor. Es más, Romero, según aquella sentencia, había proporcionado una documentación que no se correspondía con los expedientes de contratación solicitados.
Tras dos sentencias acumuladas, Romero continuó sin permitir el acceso al denunciante a los expedientes, «simplemente porque no existen», según ha reiterado el propio Rojas este lunes a La Mar de Onuba en conversación telefónica.
Rojas, que asegura conocer bien el modus operandi de Romero, ya que durante cuatro años fue Teniente de Alcalde de su equipo de gobierno, hasta que decidió alejarse “de sus particulares formas de gobernar” y concurrir a las elecciones con una candidatura independiente (APIN), ha asegurado a esta revista que la reacción del alcalde popularal saberse investigado por el Supremo responde a la vieja táctica popular de “poner en marcha el ventilador” cada vez que llega a la opinión pública un caso de corrupción que afecta al PP.
Para Rojas, las descalificaciones de carácter personal realizadas por el alcalde palermo, que le ha llamado “chaquetero” y le ha acusado de “hacer el trabajo sucio al PSOE», son la respuesta de una persona “muy poco acostumbrada a tener oposición”. Y asustada porque ve que se acerca el momento en que va tener que dar explicaciones del “chiringuito” de contrataciones “a dedo” que gestiona a su libre antojo desde que llegó a la alcaldía de Palos de la Frontera en 1995.
"¿Qué piensan González y Moreno Bonilla cuando es un alcalde y diputado de su partido el investigado por un presunto caso de malversación y prevaricación", se ha preguntado este lunes secretario de Organización del PSOE de Huelva, José Fernández, quien ha asegurado que está "ansioso de escuchar" a Manuel Andrés González, presidente provincial del PP, al respecto.
Fernández ha pedido también González y al presidente regional de los populares, Juanma Moreno, que aclaren "si van a pedir explicaciones" al alcalde de Palos de la Frontera y diputado nacional del PP, Carmelo Romero, tras la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía del Tribunal Supremo al ver "indicios" de delito por presunta malversación y prevaricación. Fernández ha recordado que Romero es "conocido" en la localidad por cuestiones relativas a las contrataciones en periodos cercanos a comicios electorales, y ha criticado que "vulnere" el derecho de la oposición de acceso a la información, algo por lo que "ya fue condenado".
Asimismo, ha mostrado su desacuerdo con que el alcalde de Palos entienda como "una cortina de humo" lo ocurrido, cuando "es la Fiscalía del Tribunal Supremo la que abre diligencias".
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