Censura en España: un país de ayatolas

por Mercedes Arancibia.

El 21 de febrero de 2018 ha sido un día negro para la libertad de expresión en la España de los ayatolas del Partido Popular (PP).

En el tiempo record de menos de doce horas, el Tribunal Supremo confirmó la condena de tres años y medio de cárcel que la Audiencia Nacional había impuesto al rapero José Miguel Arenas Beltrán, alias ‘Valtonyc’, por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona y amenazas no condicionales en unas cuantas canciones de las que es autor,  y que subió a Internet donde son accesibles de forma gratuita.

La jueza de Collado Villalba Alejandra Pontano acordó -a petición del  exalcalde de O Grove (Pontevedra) José Alfredo Bea Gondar, quien demandó en enero al autor y a la editorial Libros del KO por supuesta vulneración de su derecho al honor, el secuestro cautelar y la prohibición de volver a editar y comercializar el libro “Fariña”, una obra publicada  hace tres años, en la que el periodista Nacho Carretero profundiza en la historia del narcotráfico gallego.

Y, por último y no menos grave, a petición de Ifema (la institución que gestiona las instalaciones de la Feria de Madrid, entidad consorciada y participada accionarialmente por la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid, la Cámara de Comercio e Industria y Fundación Obra Social y Monte Piedad de Madrid), la galería Helga de Alvear retiró de su stand en la feria de arte contemporáneo ARCO la serie de 24 retratos que componen la  obra del fotógrafo Santiago Sierra titulada   “Presos políticos en la España contemporánea “, que incluye entre otros a Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), y a Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), acusados de rebelión y sedición por el procés.

El saldo de ataques a la libertad de expresión no está nada mal para un país en panne, averiado, estropeado,  que no funciona, donde algunos jueces y fiscales llevan varios meses (seguramente años, pero nos hemos dado cuenta ahora) actuando al compás que le marcan el gobierno y algunos políticos del partido que apoya al gobierno, y donde ha tenido que aparecer un delincuente, corruptor de corruptos, para recordar al ministro de Justicia reprobado por el Parlamento, Rafael Catalá, que es mala cosa que a la justicia haya que ponerle adjetivos: que la justicia no tiene que ser ejemplar, sino justicia y punto.

La sucesión de atentados a la libertad de expresión en un solo día nos devuelve no a los tiempos oscuros del franquismo, cuando la censura secuestraba libros y artículos, y de paso colocaba morbosos retales sobre los pezones y el sexo de las aspirantes a starlette que pretendían atajar el camino a la fama fotografiándose desnudas, sino a mucho más atrás. Escuchando las tropelías políticas y jurídicas de las últimas horas he sentido que montaba en la máquina del tiempo y daba marcha atrás hasta regresar a la Edad Media, a los tiempos negros de la Inquisición, cuando para escarmiento (y para ser ejemplares) los jueces  quemaban los libros en las plazas y mandaban a los presos caminando hasta el  patíbulo, con la cabeza rapada y un sayal que apenas tapaba sus vergüenzas.

Si los ciudadanos no ponemos freno a tanto desmán, la Turquía de Erdogan, el Irán de los ayatolas y la China de la “omnicensura”  (por no citar a Corea del Norte, donde realmente no sabemos qué pasa) son, sin duda, ejemplos que en breve contemplarán nuestros dirigentes y los jueces que actúan a sus órdenes.

De momento, se les escapa Internet, que fluye entre sus dedos sin que consigan atraparlo (como decimos siempre, Internet tiene cosas buenas y otras que hay que vigilar; en este caso ha actuado de hada madrina): Amazon hizo ayer un discreto agosto vendiendo todos los ejemplares que fueron apareciendo del libro de Nacho Carretero, y la galería madrileña Helga de Alvear, que horas antes actuó como brazo ejecutor de la censura,  vendió después por 80 000 euros las 24 fotografías de la serie “Presos políticos” de Santiago Sierra (que supongo está celebrándolo todavía). En cuanto al rapero “Valtonyc” –cuyas letras me parecen de un gusto deleznable desde el punto de vista estético, pero no por eso le daría garrote vil, allá él con su “arte”-,  que ha multiplicado por tres dígitos sus fans en las redes, piensa reclamar sus derechos fundamentales en el Tribunal Constitucional y, si fuera menester, en el de Derechos Humanos de Estrasburgo.

Siempre he mantenido que la libertad de expresión no tiene límites. Que se puede decir todo y que, en caso de controversia, decidan los tribunales. Pero, naturalmente, yo me refiero a unos tribunales justos, a una justicia proporcionada, no a la que inventa un delito de rebelión cuando no existen armas ni intento de toma del poder violento,  ni a la que encuentra apología del terrorismo e injurias a la corona (¿qué es esto?, ¿por qué no se miran en el espejo británico?) en las letras de un rapero, que tienen que rimar en consonante.

Como en otras ocasiones, me veo obligada a echar mano de la célebre frase pronunciada por el muy conservador Antonio Cánovas del Castillo cuando, en plena redacción de la Constitución de  1876, a la hora de definir quiénes son los españoles, el presidente del Gobierno y promotor de la Restauración, sugirió: «Pongan que son españoles los que no pueden ser otra cosa». Porque, decididamente, este país de ayatolas no me gusta y si pudiera -si no fuera anciana, pobre y enferma- me apeaba, aunque fuera en marcha.

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