Caso Aljaraque, el presunto soborno que amenaza el liderazgo de Caraballo en el PSOE onubense

La dirección federal del PSOE da por hecho el procesamiento y ya estudia la constitución de una gestora a nivel provincial en Huelva.

El 29 de diciembre de 2016 se tambaleó el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva). Un año antes, el PP, que había ganado las elecciones y obtenido 7 concejales, vio como una alianza del PSOE (con 5 concejales), Izquierda Unida (2) y Sí Se Puede Aljaraque (la marca electoral utilizada por Podemos en la localidad onubense, que obtuvo 2 concejales), le arrebataba la alcaldía en favor de la socialista Yolanda Rubio. Un pacto que se rompió a pocos días de terminar el año, cuando los dos ediles de Podemos pactaron junto a los del Partido Popular una moción de censura que suponía, de facto, el fin del mandato socialista en la localidad.

Tres meses antes, los dos concejales de Si Se Puede Aljaraque, Pedro Escalante Gilete y Francisco Jose Martín Orta habían dado por roto el pacto con PSOE e IU. El Pleno para la votación de la Moción de Censura se fijó para el 16 de enero. En ese mismo momento, según se desprende del Auto emitido el martes por la jueza María José Fernández Maqueda, comenzó el caso Aljaraque, una trama de presunta compra de voluntades -o soborno- dirigida a impedir que el Partido Socialista perdiera las riendas del consistorio aljaraqueño, y que puede suponer el final de la carrera política del secretario provincial de los socialistas de Huelva, Ignacio Caraballo, señalado como partícipe imprescindible para dinamitar el acuerdo entre los concejales populares y podemitas.

Ayer mismo, fuentes cercanas a la dirección federal del PSOE confirmaron a esta redacción que “aunque Caraballo intentará agotar todos los recursos se tiene que ir”, ya que difícilmente podrá evitar sentarse en el banquillo y ser juzgado por el Tribunal del Jurado, lo que supone su inmediata dimisión de todos sus cargos públicos y orgánicos, según establece el Código Ético del PSOE, subscrito por todos los militante socialistas que acceden a puestos de responsabilidad, ya sea dentro del partido o en cualquier escala de la Administración Pública. Las mismas aseguran que ya se estudia cómo abordar, de confirmarse, la crisis que supondrá la salida de Caraballo, y apuntan a una gestora que sería propuesta por la dirección regional que dirige Susana Díaz, pero siempre “con el OK de Ferraz”.

Caso Aljaraque

El sindicalista, que en todo momento habría asegurado hablar en nombre de Ignacio Caraballo, encaró las conversaciones con una propuesta de intercambio de favores para los dos concejales de SSPA que habían decidido censurar junto al PP a la alcaldesa socialista.
Según consta en el auto de 1 de octubre de 2019 sobre el Procedimiento del Tribunal del Jurado 1/2019, al que ha tenido acceso La Mar de Onuba, desde que trasciende a la opinión pública” que PP y Sí Se Puede Aljaraque van a provocar un relevo en la alcaldía en Aljaraque, dicha moción, comienzan a tener lugar conversaciones infructuosas “de miembros del PSOE, CCOO (sindicato al que pertenecía Pedro Escalante) y otras personas de ideología de izquierda con los concejales de Si Se Puede Aljaraque “para convencerles de que no podían apoyar un gobierno de la “derecha” y por tanto con el objetivo último de desactivarla”. En el curso de dicha estrategia, el 5 de Enero de 2017 se produjo una reunión en la sede de la Diputación Provincial donde participaron el presidente de la misma y secretario provincial del PSOE, Ignacio Caraballo, la Alcaldesa Yolanda M. Rubio, y los concejales de Podemos Francisco J. Martín Orta y Pedro F. Escalante Gilete. Una reunión “con mucha tensión” que termina sin acuerdo alguno.

Encalladas las negociaciones, personas no concretadas del PSOE, pero estando entre ellas el Sr. Caraballo, buscaron la intermediación del sindicalista José L. Rodríguez Vega, de CCOO, para que intente acercar posturas con los concejales Martín Orta y Escalante Gilete y estos desistan de apoyar la moción de censura. Según la denuncia origen de la instrucción judicial, el sindicalista, que en todo momento habría asegurado hablar en nombre de Ignacio Caraballo, encaró las conversaciones con una propuesta de intercambio de favores para los dos concejales de SSPA que habían decidido censurar junto al PP a la alcaldesa socialista. La propuesta, presuntamente aceptada y ejecutada, podría suponer la comisión de un delito de cohecho según lo establecido en el Código Penal español.

El soborno de Bernadino: competencias y dietas para un concejal de SSPA y un empleo público para la cónyuge del otro

El problema, el presunto delito de cohecho, comienza a pergeñarse cuando el sindicalista, indicando expresamente que contaba con la aprobación del Secretario Provincial del PSOE y Presidente de la Diputación Ignacio Caraballo, ofreció al segundo edil de Podemos un empleo en Aguas de Huelva para su mujer, MJC, indicando que esta “no debía saber nada”.
El 10 de enero, Pedro Escalante llama a Manuel Alonso Albarracín, un miembro destacado del círculo local de Podemos, y le comunica que no iba a continuar adelante con la moción de censura. Ante ese mensaje, decidieron reunirse al día siguiente en el bar Bernadino de Aljaraque. Al encuentro acudieron, según el auto, Martín Orta, Escalante y Albarracín, de SSPA, Juan Díaz Alonso, de IU, y el sindicalista de CCOO José Luis Rodríguez.

Este último propone formalmente a los ediles podemitas que se retiren de la moción de censura contra la alcaldesa del PSOE, quien, como contrapartida, daría entrada en el equipo de gobierno municipal a Pedro Escalante, al que cedería la Concejalía de Turismo y Desarrollo Local, sin retribución pero con dietas. Hasta ese momento, nada que no forme parte de acuerdos más o menos habituales entre diferentes formaciones políticas.

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El problema, el presunto delito de cohecho, comienza a pergeñarse cuando el sindicalista, indicando expresamente que contaba con la aprobación del Secretario Provincial del PSOE y Presidente de la Diputación Ignacio Caraballo, ofreció al segundo edil de Podemos un empleo en Aguas de Huelva para su mujer, MJC, indicando que esta “no debía saber nada”. Viendo el cariz que estaba tomando la reunión, Manuel Alonso Albarracin “se retiró de la reunión y decidió comenzar a grabar las conversaciones a través de su teléfono móvil”.

Esa misma noche, sobre las 21.30, se convoca una reunión en la Diputación Provincial para firmar el acuerdo que deja sin efecto la moción de censura. Están presentes el presidente y secretario provincial del PSOE, Ignacio Caraballo, la Alcaldesa Yolanda M. Rubio, los dos concejales de SSPA, y Sebastián Rivero Rdez concejal IU. De la firma, en la que no interviene Caraballo, se realiza una foto que es enviada a la prensa. El 11 de enero, Martín Orta y Escalante firman un escrito desistiendo de la moción de censura. El PSOE logra retener la alcaldía de Aljaraque.

Solo 24 hora después, el 12 de enero, la alcaldesa Yolanda Rubio dictó la Resolución 58/2017 en la que nombraba a Pedro Escalante miembro de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento. Según el Departamento de Recursos Humanos del Consistorio, “el mismo viene percibiendo desde el mes de Enero de 2017 dietas económicas por asistencia a Juntas de Gobierno y asistencia a Plenos”.

“Esas cosas no se pueden firmar porque son un delito y va gente a la cárcel”

El 12 de enero, la alcaldesa Yolanda Rubio dictó la Resolución 58/2017 en la que nombraba a Pedro Escalante miembro de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento. Según el Departamento de Recursos Humanos del Consistorio, “el mismo viene percibiendo desde el mes de Enero de 2017 dietas económicas por asistencia a Juntas de Gobierno y asistencia a Plenos”.
Faltaba por cumplirse, según el relato del denunciante, “lo de la mujer de Fco. Martín”. El 13 de enero, “hablan por teléfono Manuel Alonso y Pedro Escalante poniendo de manifiesto el primero que no se fía mucho del cumplimiento de lo prometido en relación con lo de la mujer de Francisco pero Pedro lo avala diciendo que Caraballo ha dado el visto bueno y que el de CCOO hablara con el gerente”. El 16, se celebra la sesión extraordinaria del pleno municipal convocada para la votación de la moción de censura, que queda suspendida.

Diez días después, Alonso, que ya llevaba varios días grabando todas las conversaciones, habla con el sindicalista Rodríguez, al que traslada “que están preocupados por lo de la contratación de la mujer de Francisco”. Rodríguez le dice “que esté tranquilo, pero que “las cosas hay que vestirlas para que no parezcan unos golfos, que lo han hecho por dinero y que ya la han llamado para decirle que cuentan con ella en un proyecto nuevo y que esas cosas no se pueden firmar porque son un delito y va gente a la cárcel”.

Rodríguez le dice “que esté tranquilo, pero que “las cosas hay que vestirlas para que no parezcan unos golfos, que lo han hecho por dinero y que ya la han llamado para decirle que cuentan con ella en un proyecto nuevo y que esas cosas no se pueden firmar porque son un delito y va gente a la cárcel”
Efectivamente, y según consta en el auto de la jueza Maqueda, con fecha 19 de Enero de 2017 tuvo lugar en la sede de la empresa Aguas de Hueva una reunión entre el Director Jurídico y de Recursos Humanos de la citada entidad y el Delegado de Adecco en Huelva. También asistió una consultora de la misma empresa de trabajo temporal. En la reunión “se propuso la necesidad de cubrir un puesto de auxiliar administrativo en la empresa para el lanzamiento de Proyecto Driss”. El responsable de la empresa pública pidió al director provincial de ADECCO “que si estuviera disponible la esposa de Martín Orta le gustaría contar con ella, y que la seleccione y la proponga para el puesto, pero que entrevisten a otros candidatos”. El 30 de enero, la cónyuge del concejal de SSPA fue contratada para prestar servicios en la empresa Aguas de Huelva SA, en virtud de contrato de obra o servicio para Proyecto Driss para la realización de funciones de Tareas de administrativo, gestión de base de datos siendo su duración de fecha 30-1-17 hasta fin de obra o servicio”. La contratación se hace “sin anunciar la vacante en el portal de transparencia de la web y sin informar al comité de Empresa a través de la empresa de trabajo temporal ADECCO, que inicia y culmina el proceso de selección el 27-01-17”. Se partió de 80 candidatos de la base de datos, de los que resultan 5 candidatos preseleccionados y al final se propone a MJC. Los dos concejales de SSPA han obtenido, presuntamente, el pago por los servicios prestados; el PSOE ha mantenido el Ayuntamiento de Aljaraque.

El 9 de febrero, Manuel Alonso Albarracín se dirige al Juzgado, denuncia lo sucedido y entrega en un pendrive las conversaciones que ha venido grabando las semanas anteriores. Serán la pieza clave del Caso Aljaraque.

Delito de cohecho

La contratación se hace “sin anunciar la vacante en el portal de transparencia de la web y sin informar al comité de Empresa a través de la empresa de trabajo temporal ADECCO, que inicia y culmina el proceso de selección el 27-01-17
Así, del contenido de las declaraciones realizadas por Alonso en su denuncia el Juzgado de Instrucción nº 5 de esta ciudad, y posterior declaración de fecha 7 de marzo en el número 1, “acerca de las circunstancias que rodearon la presentación con fecha 29 de Diciembre de 2016 en el Registro del Ayuntamiento de Aljaraque de la moción de censura contra la Alcaldesa, Yolanda María Rubio Villodres del PSOE por parte de los partidos políticos con representación Partido Popular y Si se puede Aljaraque, así como de las reuniones que tuvieron lugar con posterioridad entre los representantes de Si Se puede Aljaraque, Pedro Escalante y Francisco Martín Orta con el PSOE e IU , como la que tuvo lugar el día 5 de Enero de 2017 en la sede de la Diputación Provincial de Huelva así como posteriormente el día 11 de Enero de 2017 en el Bar Bernadino, resultando ambas reuniones confirmadas por las propias declaraciones de investigados y testificales practicadas en autos”.

Lo cierto es que la propuesta que según el denunciante se efectuó en la citada reunión y que justificó la apertura de la investigación ante la existencia de indicios de infracción penal, aparece indiciariamente avalada no solo por las declaraciones del denunciante, sino por el resultado de las otras diligencias de investigación, en particular por el contenido de las grabaciones que el mismo empezó a realizar tras la citada reunión
“En relación a este ultima y de especial importancia en relación a la causa”, dice el punto SEGUNDO del auto de la jueza Maqueda, “las manifestaciones realizadas sobre el lugar, hora e intervinientes aparecen avaladas por el resto de las diligencias de investigación y en relación a su contenido si bien en este extremo esencial para el curso de la investigación, difieren los investigados respecto de la declaración del denunciante, lo cierto es que la propuesta que según el denunciante se efectuó en la citada reunión y que justificó la apertura de la investigación ante la existencia de indicios de infracción penal, aparece indiciariamente avalada no solo por las declaraciones del denunciante, sino por el resultado de las otras diligencias de investigación, en particular por el contenido de las grabaciones que el mismo empezó a realizar tras la citada reunión, así como del trafico de llamadas y de la secuencia de hechos que ocurrieron con posterioridad [la inclusión de Escalante en el equipo de gobierno municipal y la contratación de la esposa de Martín Orta como administrativa en Aguas de Huelva tras retirarse ambos ediles de la moción de censura promovida por el PP] que no pueden considerarse, como una mera coincidencia temporal o cronológica”.

“Caraballo ha dicho que adelante”

El relato de los hechos y las conversaciones grabadas por Alonso llevaron a la jueza Maqueda a instar el procedimiento del Tribunal de Jurado contra los dos concejales de SSPA, el sindicalista de CCOO José Luis Rodríguez, el director de Recursos Humanos de Aguas de Huelva y contra el líder provincial del PSOE y presidente del Diputación, Ignacio Caraballo, quien habría avalado el acuerdo cuya legalidad o delito deberá decidir, previsiblemente, un tribunal popular.

Y ello, porque Maqueda ya ha rechazado con anterioridad todas las peticiones de sobreseimiento de los cinco imputados. En el caso de Caraballo Romero, la jueza destaca, “como ya se indicó en anteriores resoluciones dictadas en la presente causa”, que si bien el líder socialista no estuvo presente en la reunión del día 11 de Enero en el Bar Bernadino, ni en la reunión que esa misma tarde tuvo lugar en el Ayuntamiento de Aljaraque, tan solo en la firma del Acuerdo en la sede de la Diputación Provincial de Huelva del día 11 de Enero, no firmando el citado documento, debe señalarse que el denunciante mantuvo en su declaración que el Sr. Rodríguez Vega [de CCOO] acudió a la reunión del bar en representación del PSOE de Huelva”.

Asimismo, el auto de la jueza sostiene que “es cierto que los investigados, así como el testigo Sr. Diez Alonso, negaron que en la citada reunión el Sr. Rodríguez Vega compareciera en representación del PSOE ni del Sr. Caraballo, pero lo cierto es que el nombre del Sr. Caraballo aparece en la Nota de Voz enviada el día 15-1-17 por el Sr. Escalante; ‘lo que me han trasladado es que Caraballo ha dicho que adelante con lo que propusimos anoche, así como en algunas otras de las conversaciones mantenidas entre el denunciante y los investigados de las que pudiera deducirse que el mismo se encontraba al corriente de las negociaciones que se estaban realizando, debiendo destacarse la transcripción al Folio 160 entre el denunciante y Pedro Escalante Gilete:

    • MAA : Me dijo Francis que Ignacio Caraballo ha dado el visto bueno.

    • PEG: Claro, él se lo dijo a Ignacio e Ignacio le dijo que claro que palante. Que hablara con el Gerente, y… hablo con el Gerente y ya esta, de ahí palante“.

El auto de Maqueda destaca que “de igual forma no podemos obviar que tras la reunión en el Bar Bernadino los allí asistentes se trasladaron a la sede del Ayuntamiento de Aljaraque donde tras una reunión se llegó al acuerdo, trasladándose después ese mismo día a la sede de la Diputación Provincial de Huelva donde dicho Acuerdo fue firmado por Pedro Escalante Gilete y Francisco Martín Orta en representación de Sí Se Puede Aljaraque, Sebastián Rivero Rodríguez en representación de IU y la alcaldesa de Aljaraque Yolanda Rubio Villodres, en presencia del Presidente de la Diputación Provincial y Presidente del PSOE de Huelva Sr. Caraballo Romero (Adenda al acuerdo de investidura suscrito entre los Grupos Socialista, Izquierda Unida y Sí Se Puede de fecha 11-1-17)”.

Pues bien”, continúa el auto conocido el pasado martes, “aún cuando el Sr. Caraballo manifestó que se limitó a estar presente en la firma del acuerdo el cual se realizó en la sede de Diputación, tampoco cabe obviar el resultado del informe emitido por la UOPJ al Folio 553 de las actuaciones sobre la relación existente entre los teléfonos objeto de interés para la investigación y en el que se concluye que del análisis realizado al teléfono del que es adjudicatario el ahora recurrente [Caraballo] y el teléfono vinculado a CCOO, consta un total de 4 llamadas (entre el 11-1-17 y 10-2-17) siendo tres de ellas realizadas el día 11 de Enero de 2017 (día de la reunión en el Bar Bernadino) aunque estas llamadas no superaron los 5 segundos de duración y una cuarta se registra el día 17-1-17 un día posterior a la celebración del Pleno en el municipio de Aljaraque y tiene una duración de 92 segundos no constando ningún trafico de llamadas entre ambos abonados posterior a dicha fecha (Folio 557)”.

La presencia del Sr. Rodríguez Vega en la reunión del Bar Bernadino en representación del PSOE según el denunciante (afirmación ésta que no puede considerarse inverosímil, por cuanto si lo que se trataba según declaración de los investigados era reconducir la situación y retomar el acuerdo de legislatura y de apoyo de trabajo en el gobierno, resulta curioso que no hubiera en dicha reunión ningún representante del PSOE y que el Sr. Rodríguez Vega acudiera solo en su condición de amigo del Sr. Escalante por su relación sindical)
“A la vista de lo expuesto, esto es el contenido de las conversaciones telefónicas, la presencia del Sr. Rodríguez Vega en la reunión del Bar Bernadino en representación del PSOE según el denunciante (afirmación ésta que no puede considerarse inverosímil, por cuanto si lo que se trataba según declaración de los investigados era reconducir la situación y retomar el acuerdo de legislatura y de apoyo de trabajo en el gobierno, resulta curioso que no hubiera en dicha reunión ningún representante del PSOE y que el Sr. Rodríguez Vega acudiera solo en su condición de amigo del Sr. Escalante por su relación sindical), así como el trafico de llamadas entre el Sr. Rodríguez Vega y el Sr. Caraballo ese mismo día 11 de Enero y el día 17 de Enero después del Pleno de la moción de censura, por más que dichas llamadas tuvieran escasa duración, determinan a juicio de este Instructor la existencia de indicios de participación en relación a los hechos denunciados y la existencia de contactos entre los investigados”, señala el auto de la magistrada Maqueda.

En base a todo lo expuesto en el auto, la titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Huelva ha rechazado las peticiones de sobreseimiento de los cinco encausados, que han llegado a asegurar que las grabaciones aportadas por Alonso han sido “manipuladas“, e incluso han cuestionado la “cadena de custodia” de las mismas, reclamaciones desestimadas por la magistrada, que el martes decidió continuar con el proceso.

No obstante, los cinco imputados aún pueden presentar, hasta el viernes, un recurso de reforma ante la propia jueza Maqueda (de quien es poco esperable que dictamine en contra de su propio auto de conclusiones), y un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. Dado que el Ministerio Fiscal apoya la decisión de la magistrada, tampoco cabe esperar que la Audiencia vaya a paralizar el proceso.

De confirmarse, como parece previsible, Ignacio Caraballo deberá dimitir como Presidente de la Diputación, donde le sucedería el actual vicepresidente, Pepe Fernández. También debería abandonar la secretaría provincial del PSOE de Huelva, cuya actual dirección sería sustituida por una gestora que fuentes de la dirección del partido socialista. Aunque de cara al público, como confirma el comunicado emitido el mismo martes tras conocerse el auto de Maqueda, los socialistas onubenses cierran filas en apoyo a su secretario general, sotto voce, ya han empezado las quinielas sobre quién sustituirá a Caraballo, si bien parece poco probable que nadie dé un paso al frente en este momento. O al menos, antes del 10 de noviembre, fecha de la repetición de las elecciones generales.

En 2019, las elecciones municipales del 26 de mayo devolvieron la alcaldía de Aljaraque al PP, cuyo cabeza de lista, David Toscano, ya había ocupado el puesto entre 2011 y 2015. Toscano se impuso al resto de partidos en votos y concejales, y tras un pacto con Ciudadanos (3 ediles) y Vox (1) volvió a convertirse en primer edil de la localidad.

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