Casado dice «no» a recuperar la normalidad institucional en su encuentro con Sánchez

  • La falta de acuerdo entre los líderes de PSOE y PP hace que se sigan postergando renovaciones de órganos como el CGPJ, el Tribunal Constitucional o el Defensor del Pueblo.

  • Ante la complejidad de las grandes reformas, el Gobierno recurre a modificaciones limitadas con impacto social.

En mayo de 2018, el socialista Pedro Sánchez presentó una moción de censura contra el presidente Mariano Rajoy para devolver a España a la «normalidad institucional y democrática» tras conocerse la sentencia del caso Gürtel. Quedan unos meses para que se cumplan dos años, pero Sánchez no ha logrado aún devolver al país a la rutina institucional. El encuentro del presidente con el líder de la oposición, el ‘popular’ Pablo Casado,  ha evidenciado que en esta nueva etapa la renovación de algunas instituciones seguirá bloqueada.

La falta de acuerdos este lunes entre los líderes de los dos principales partidos ha dejado claro que hay nombramientos que seguirán estancados, como las del Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial o el Defensor del pueblo, como recordó la ministra portavoz, María Jesús Montero, tras el encuentro. Aunque Sánchez insiste en su deseo de normalizar la situación política, no ha logrado arrastrar al PP a ningún pacto en su primera reunión tras la formación de gobierno. Tras dos elecciones generales y la constitución del Ejecutivo, Sánchez no consigue enterrar el fantasma del bloqueo sobre el que tanto advirtió en campaña, al menos en algunas instituciones.

La ministra de Hacienda fue muy dura este lunes con el PP, al que acusó de utilizar las instituciones como «rehenes» para llevar a cabo lo que no se ha ganado en las urnas. Montero pidió al partido de Casado que «asuma donde le han puesto los ciudadanos y regrese a la senda de la responsabilidad y a la política útil». Casado puso un precio alto (casi impagable) a su apoyo al Ejecutivo: que renuncie a las negociaciones con  los independentistas, que mantengan la reforma laboral del PP o que no suba los impuestos, entre otros.

El obligatorio «diálogo transversal»

Ambos líderes trataron durante hora y media temas de calado como la renovación de los organismos o la situación en Catalunya. En el citado comité federal del fin de semana, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ya le advirtió al presidente del Gobierno de que necesitaría «diálogo transversal» tanto con los socios de investidura como con la oposición. Además de para la renovación institucional, Sánchez necesitará al PP para la reforma de  la financiación autonómica, atascada desde 2014, donde los populares pueden ejercer su poder territorial y que requiere una mayoría cualificada.

El nuevo gobierno necesitará establecer ese «diálogo transversal» si quiere abordar reformas de calado, ya que Unidas Podemos y PSOE tienen solo 155 diputados de 350. Por tanto, necesitará del diálogo con el resto de grupos para sus grandes propuestas, incluidas las educativas o la modificación del sistema de pensiones.

Medidas limitadas pero con repercusión

La elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores es el ejemplo perfecto de las negociaciones que tendrá que abordar el nuevo gobierno durante esta legislatura. Ante un reto tan ambicioso como diseñar un nuevo marco laboral para el siglo XXI, el Ejecutivo tendrá que conciliar los intereses de partidos tan distintos en términos económicos como Unidas Podemos, ERC o PNV. Mientras, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, avanza en modificaciones parciales, como la derogación del despido por bajas justificadas, que va este martes al Consejo de Ministros.

Ante la dificultad de abordar las grandes reformas que necesita el país en esta legislatura, el Consejo de Ministros apuesta por medidas de «impacto social» que favorezcan a un tramo amplio de la población. ”Si así lo hacemos, estoy convencido de que ampliaremos nuestra mayoría social y electoral. Así que a por ello», arengaba Pedro Sánchez al Comité Federal del partido este sábado.

Por ello, las primeras medidas han sido la subida de las pensiones, del Salario Mínimo o del sueldo de los empleados públicos. Ahora, impulsarán la Ley de la eutanasia, que creen que cuenta con un respaldo de la población en una horquilla del 60 u 80%. Además, el PP sigue protagonizando patinazos, como el que cometió el diputado José Ignacio Echániz cuando aseguró que el verdadero objetivo del Gobierno es «ahorrar costes» con «personas que son muy caras al final de su vida». La crispación, creen los socialistas, beneficia las posiciones más moderadas.


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