«Si las informaciones son falsas, qué mejor oportunidad para el campo onubense que la campaña de inspecciones a fondo ordenada por «la ministra esa de Agricultura» (Carmelo dixit) para probar que todo son patrañas de medios de comunicación pagados por la competencia europea»
Jueves, 28 de mayo de 2020. A la misma hora que la Policía Nacional hacía público en Murcia que agentes de la UCRIF habían desmantelado la enésima trama de empresarios corruptos que multiplican sus ingresos a costa de esclavizar a trabajadores migrantes en situación de necesidad y vulnerabilidad (es decir, otra red de tratantes de esclavos de siglo XXI), Carmelo Romero, diputado del PP en el Congreso de los Diputados, anunciaba ayer en rueda de prensa una batería de preguntas al Gobierno para desenmascarar el pacto oculto del «gobierno bolivariano» y los «comunistas radicales» para iniciar una suerte de Revolución de Octubre cuyo epicentro de revueltas estaría planeado por la propia ministra Yolanda Díaz y el líder sindicalista y miembro del Consejo Ciudadanos de Podemos, Diego Cañamero. Ese diablo rojo cuyos cálculos cifran el fraude a la Seguridad Social por peonadas no cotizadas en el campo onubense en más de 30 millones de euros anuales; la mitad de lo que que costará realizar una infraestructura tan reclamada por los agricultores como el desdoble del Túnel de San Silvestre, tan necesario ahora que Europa ha obligado, por fin, al cierre de los muchos pozos de agua clandestinos que robaban agua del acuífero de Doñana para que cientos de hectáreas de entorno del Parque Natural devinieran sin remedio ni vuelta atrás tierras de regadío.
«Yo mismo preguntaré a la ministra», dijo el diputado popular, quien tras rechazar, por lesiva, la mera insinuación de que pueda haber situaciones de esclavitud en el campo onubense, acusó falsamente a la diputada andaluza Teresa Rodríguez de promover una campaña internacional de boicot a los productos agrícolas andaluces. Como no es verdad que Rodríguez haya hecho semejante cosa, Carmelo Romero, sencillamente, mintió en la rueda de prensa. Para quien está -inexplicablemente- convencido de que su palabra es incuestionable («si yo digo que un tomate es rojo, el 95 % de los que ven esto [por la TV Local de Palos] sabe que ese tomate es rojo», confesó hace ya más de 25 años al entonces líder del PP andaluz Javier Arenas), es más plausible una conspiración de corte estalinista que admitir la violación generalizada de los Derechos de los Trabajadores en las plantaciones de frutos rojos de Huelva o los invernaderos de Almería. Palabra de Carmelo. La verdad cotiza a la baja en los políticos andaluces de la derecha. Nada nuevo bajo el sol.
Ahí estaba Romero desvelando su teoría de la conspiración bolivariana que subyace el trasfondo del «ataque» de la ministra Díaz a los modélicos agricultores españoles, mientras en Murcia, al mismo tiempo, la Policía Nacional desvelaba que había detenido cinco días antes a los promotores de otra red de esclavitud de jornaleros migrantes obligados a trabajador de sol a sol a cambio de apenas 10 euros de salario diario real. En el argot de las ofendidas patronales agrarias, otro «caso aislado». El cuarto en menos de un mes. Dos de ellos en Huelva.
Carmelo está acostumbrado a no ser cuestionado en una rueda de prensa. Ayer mismo, tras advertir, por segunda vez en menos de 24 horas, de la penetración de las hordas comunistas radicales en el campo onubense, al también Alcalde de Palos (Huelva) le preguntaron cuándo podremos bañarnos en Mazagón. Cuando yo mismo le pregunté si no consideraba -al menos- indiciario que el 99,9 % de los contratos en origen de temporeras marroquíes de la pasada campaña estuvieran en fraude de Ley, como confirman los datos estadísticos oficiales obtenidos por La Mar de Onuba a través del Portal de Transparencia, el azote de Cañamero dio por terminada la rueda de prensa. «Yo no he venido aquí a debatir con usted», me espetó. Para Romero, poco acostumbrado a la repregunta del periodista, abundar en las contradicciones de sus planteamientos es debate. No pude preguntarle si él mismo conocía a algún trabajador que goce al 100 % de los beneficiados firmados en Convenio Colectivo, que cobre las horas extraordinarias a su precio legal (casi 12 euros), disfrute de días de descanso remunerado o vacaciones, o haya votado alguna vez en unas elecciones sindicales.
«¿Se puede saber cuál es su pregunta», me dijo. Si lo que estás pidiendo es que no se hagan las inspecciones ordenadas por la ministra, Carmelo. «En absoluto», sostiene, «pero dónde se ha visto que los inspectores vayan a las fincas acompañados por la Guardia Civil». En España, diputado. En Huelva, Alcalde. No es inusual. Tampoco es inadecuado, visto lo visto. Sólo quien oculta algo teme que la Policía cumpla su labor de apoyo a la Inspección de Trabajo.
En cualquier caso, no es de recibo, y en eso tiene toda la razón el autoerigido paladín anticomunista de Palos de la Frontera, que la imagen mundial del excelente fruto rojo de nuestra tierra salga permanente dañada por noticias que vinculan la agricultura de nuestra tierra con la explotación de los trabajadores. Y mucho menos con la esclavitud.
Ahora bien, si las informaciones son falsas, qué mejor oportunidad para el campo onubense que la campaña de inspecciones a fondo ordenada por «la ministra esa de Agricultura» (Carmelo dixit), y probar que, como afirman sin rubor el alcalde palermo y ciertas organizaciones patronales, todo son patrañas de «medios de comunicación pagados por la competencia europea». Porque si es así, permítanme que pregunte: Was ist mit meinem?
Continuará.
Sea el primero en desahogarse, comentando