Caraballo pide repetir como presidente de la Diputación con la espada de Damocles del ‘caso Aljaraque’ sobre su futuro político

«Si me quedo en el banquilllo no pasa absolutamente nada».

La Audiencia Provincial aún no ha resuelto su recurso contra el Auto que ordena que sea juzgado por dos delitos de cochecho y tráfico de influencias.

El secretario provincial del PSOE de Huelva y actual presidente de la Diputación de Huelva en funciones, Ignacio Caraballo, cuyo horizonte judicial por el caso Aljaraque aún no ha sido resuelto por la Audiencia Provincial, ha anunciado este martes su deseo de seguir siendo presidente de la institución, cargo que ostenta desde 2012.

Caraballo asegura contar con el apoyo de la mayoría de compañeros y militantes del Partido Socialista, que abogan por su continuidad «tras los buenos resultados cosechados en la provincia en los diferentes comicios y que, tras las últimas elecciones municipales, permite al PSOE seguir gobernando en la Diputación onubense con mayoría absoluta». Caraballo se ve en uno de sus mejores momentos tras ganar «en todos los comicios electorales» y asegura que tiene «fuerza y ganas» de seguir presidiendo la institución provincial.

María Márquez: «Caraballo es el mejor aval que tiene el PSOE»
María Márquez, parlamentaria andaluza por el PSOE de Huelva

El apoyo del partido lo ha ratificado este mismo martes la parlamentaria andaluza María Márquez, quien ha asegurado en una rueda de prensa que «Caraballo es el mejor aval que tiene el PSOE».

Márquez ha expuesto que los datos que consiguió el partido en las últimas elecciones municipales «avalan la gestión» de Caraballo, quien en sus siete años al frente de la Diputación «ha apostado claramente por el territorio, por darle protagonismo a los ayuntamientos» y «por dar a conocer la provincia fuera de nuestras fronteras». También ha considerado que el presidente de la Diputación ha realizado una «apuesta clave» por el mundo iberoamericano, así como lo ha hecho por «las políticas sociales y las políticas de empleo».

Para Márquez, «se ha hecho un buen trabajo» en la pasada legislatura, y los ciudadanos han dicho en las elecciones que «están contentos» con la labor realizada en los ayuntamientos y en la Diputación de Huelva, hecho que justifica en la revalidación de la mayoría absoluta del PSOE en la institución, una mayoría de la que se sienten «muy orgullosos».

El pleno de constitución de la Diputación tendrá lugar entre el 22 y 27 de junio como marca la legislación.

Caso Aljaraque y Código Ético del PSOE

Sin embargo, sobre la decisión de Caraballo pesa la espada de Damocles del conocido como caso Aljaraque, ya que si la Audiencia decide mantener la incoación del «procedimiento del Tribunal del Jurado», el líder provincial de los socialistas onubenses se vería obligado a renunciar a sus cargos, tanto en el partido como los de carácter público. Así lo exige el Código Ético del PSOE, suscrito por todos los cargos públicos y orgánicos del partido, que exige la renuncia en caso de apertura de juicio oral «en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo». En caso contrario, “será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido”.

El pasado mes de septiembre, la titular del Juzgado de Instrucción 1 de Huelva ordenó elevar el caso a juicio con jurado, tras cerrar una investigación en relación al presunto soborno a concejales de Sí se Puede Alaraque que frustró en 2016 la moción de censura contra la alcaldesa del PSOE, Yolanda Rubio.

El auto acordaba la continuidad de la causa, en la que figuran, en calidad de investigados (imputados), el secretario provincial del PSOE de Huelva y presidente de la Diputación, Ignacio Caraballo; los dos concejales de Sí se Puede, Pedro Escalante y Francisco José Martín, el representante de CCOO José Luis Rodríguez, y el director de Recursos Humanos de la empresa Aguas de Huelva. A todos ellos se les atribuyen delitos de cohecho y tráfico de influencias.

«Si me quedo en el banquillo no pasa absolutamente nada»

La espada que pesa sobre su futuro político es implícitamente admitida por el propio Caraballo, quien en unas declaraciones recogidas este martes por los servicios informativos de la Cadena Cope en Huelva, ha aplazado al próximo día 16 la confirmación de su candidatura, y ha afirmado que «si me quedo en el banquillo no pasa absolutamente nada». El secretario provincial de los socialistas onubenses ha asegurado ser «una persona de partido que siempre voy a acatar lo que diga el partido», y que las opciones que haya, «bienvenidas sean».

Asimismo, Caraballo ha añadido que hay «condiciones familiares y personales que tenemos que evaluar y a partir de ahí tomar la decisión».

En cualquier caso, fuentes de la dirección federal del PSOE han asegurado este mismo martes que «en tanto no se sustancie el recurso presentado, no debe dimitir». La decisión de la Audiencia Provincial, que según fuentes del TSJA, «no tiene límite de tiempo para resolver», será la que determine la continuidad de Ignacio Caraballo al frente de la Diputación Provincial y como líder de los socialistas de la provincia de Huelva.


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El 'caso Aljaraque': mociones de censura, acusaciones de sobornos y audios 'manipulados'
Ayuntamiento de Aljaraque

Los hechos se remontan a diciembre de 2016, cuando PP y Si se puede Aljaraque registraron una moción de censura contra la Alcaldesa socialista de esa localidad. La instructora considera “verosímil” el relato de que PSOE e IU mantuvieron contactos con representantes de ‘Si Se puede’, entre los que se encontraban los dos ediles de dicha candidatura, vinculada a Podemos, para frustrar la moción de censura a cambio de un puesto de trabajo en la empresa de Aguas de Huelva para la esposa de uno de los concejales, que “no debía saber nada”. Las gestiones se harían directamente con Aguas de Huelva, con «autorización expresa de Ignacio Caraballo», según consta en la denuncia a la que hace referencia la jueza. El acuerdo incluiría la inclusión en el equipo de gobierno del otro edil de Si se Puede. Finalmente, la moción de censura no se realizó, ya que sus promotores desistieron de la misma.

Estos hechos, según la instructora, «revisten por ahora y sin perjuicio de ulterior y mas definitiva calificación, los caracteres de delito de cohecho y/o tráfico de influencias, que son de los atribuidos a la competencia del Tribunal del Jurado». La vista zse encuentra «aplazada sine die» ante la interposición de recursos presentados por los cinco investigados.

Según informaba la periodista Rosa Font en el diario ABC, el pasado mes de marzo escuchó en sala las tesis de las partes, en una vista señalada para conocer los recursos de apelación presentados por las representantes legales de los cinco investigados, que han solicitado la nulidad de las grabaciones que el asesor de Sí Se puede Aljjaraque realizó de las conversaciones que mantuvo durante las negociaciones que se llevaron a cabo para frenar, en diciembre de 2016, la moción de censura contra el Gobierno del PSOE en la localidad onubense. Si la Audiencia acepta la nulidad, la causa podría no llegar a juicio.

Las defensas sostienen que los audios que dieron pie a la investigación, fueron «manipulados» por el mismo denunciante, y en consecuencia «carecen de valor probatorio», por lo que piden su nulidad. Además, “las partes no han podido acceder al archivo para conocer su contenido”.

Según el representante de Caraballo, que ha pedido también el sobreseimiento de la causa, la actuación de líder socialista onubense no es delito, «o no aparece justificada su perpetración», por lo que «las grabaciones representan una prueba de que el denunciante ha intentado introducir como sea a Caraballo y revelan una actuación derivada de la mala fe».

En el informe, hay tres llamadas entre Caraballo y el dirigente de CCOO José Luis Rodríguez (el mediador presuntamente enviado por el secretario general del PSOE) durante una reunión que tuvo lugar en el bar Casa Bernardino en la que los concejales de la formación morada habrían acordado el pacto con los socialistas que abortaba la moción de censura del PP. Dicho pacto, contemplaba, según la instrucción, una concejalía remunerada para uno de los ediles de Sí Se Puede,  y un puesto de trabajo en la empresa de aguas para la mujer del otro concejal (que entró a trabajar poco después).

La Fiscalía, a cuyos argumentos se suma la acusación del grupo municipal del PP, mantiene su posición y defiende tanto la validez de las grabaciones y su contenido, como la motivación del auto recurrido por las defensas, mientras que rechaza que se haya producido cualquier ruptura en la cadena de custodia del pendrive.

Fuentes de la Fiscalía han asegurado este lunes a La Mar de Onuba que permanecen «a la espera del pronunciamiento de la Audiencia a los recursos contra la incoación del Jurado».

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