Bruselas advierte de que acudirá a la Justicia europea si se aprueba la ‘amnistía’ para los regantes ilegales de Doñana

Viernes, 4 de febrero de 2022. La Comisión Europea ha trasladado al Gobierno de España su «honda preocupación» por la regulación de los regadíos en el entorno de Doñana que impulsan PP, Ciudadanos y los diputados de la extrema derecha parlamentaria en el Parlamento de Andalucía. La Comisión, además, amenaza con volver a presentar una denuncia ante el Tribunal de Justicia Europeo e imponer sanciones económicas a España.

El aviso se recoge en una carta que la directora general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Florika Fink-Hooijer, ha enviado al embajador permanente de España ante la Unión Europea, Marcos Alonso, en la que le expresa su «honda preocupación por las posibles repercusiones» que tendrá esta iniciativa, que persigue modificar la Ley Forestal y sobre todo el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío ubicadas al norte de la Corona Forestal de Doñana, aprobado en 2014 por la Junta y más conocido como Plan de la Fresa. El temor es que la regularización de estos cultivos que riegan de manera ilegal esquilmando el acuífero que alimenta al Parque Nacional «podría aumentar los actuales niveles de extracción de agua subterránea para irrigación».

Fink-Hooijer incide en «la importancia que la Comisión otorga a la conservación de Doñana y los hábitats que alberga», hasta el punto de que considera que «su excepcional valor trasciende el ámbito europeo». Y contrapone el espíritu de esta proposición de ley (respaldada por la Junta de Andalucía) con el hecho de que «los conocimientos científicos y técnicos disponibles proporcionan sólidas evidencias de los efectos adversos de la sobreexplotación de las aguas subterráneas sobre los ecosistemas de Doñana». En esta línea ya se ha expresado el Ejecutivo central, que ha reiterado que de ninguna manera habrá más agua para regadíos y que la iniciativa legislativa es «un engaño» a los agricultores al generar «falsas expectativas».

La directora general considera que, de prosperar la tramitación, esta normativa colisionará con las obligaciones que impone a España la Directiva Marco del Agua y la Directiva sobre los Hábitats. Y se detiene en lo que es la piedra angular de la carta, que es recordarle al Gobierno español la sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que en junio de 2021 condenó a España por no proteger a Doñana del expolio de agua.


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