Agricultores de once comunidades autónomas se levantan contra los bajos precios y la especulación

Se quejan de los precios de venta con los que a veces no cubren costes, de la especulación de los distribuidores o de la desregularización del sector.

Durante la última semana, han salido a protestar en once comunidades autónomas.

por Sara Montero

 

 

Agricultores que venden su cosecha a precios «de ruina», grandes distribuidores que «especulan» para inflar sus beneficios y la sensación de que la agricultura es «moneda de cambio» en los tratados internacionales. Son algunos de los elementos que han hecho que los productores del campo español hayan salido a protestar en hasta once comunidades autónomas esta semana, con la negociación de la nueva Política Agraria Común (PAC) en la Unión Europea de fondo. Los agricultores se quejan del escaso margen de ingresos con los que a veces no cubren costes, de la desregularización del sector o de la competencia desleal que sufren con respecto a la fruta y verdura importada. Y sí, también les preocupa la desprotección frente al cambio climático, que recaerá directamente en su forma de vivir.

Durante los últimos días, buena parte de los focos se han girado hacia Extremadura, una tierra que pide paso mediático. Este miércoles, hubo cargas policiales en una manifestación de productores en Don Benito (Badajoz). Unas horas antes, el presidente Guillermo Fernández Vara había vinculado la subida del Salario Mínimo Interprofesional con el aumento del paro agrario extremeño. La relación directa entre ambos no está clara. De hecho, las organizaciones agrarias consultadas le dedican un espacio relativo: los problemas del campo español no se explican por causas puntuales, sino estructurales: «Hay que valorar los costes de producción en un conjunto. Maquinaria, impuestos, condiciones sociolaborales, etc. , pero no solo, el problema es general», explica Miguel Blanco, secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), que sí se queja de que el Gobierno haya tomado esta medida «sin consultar al sector y sin medidas compensatorias».

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha llegado a despachar las críticas a esta medida recomendando al presidente de Extremadura que no se deje llevar por las «grandes declaraciones de la derecha terrateniente, carca, que intenta mantener una situación en el campo de sumisión».

Sin embargo, el debate sobre el salario mínimo ha desviado el foco sobre los problemas que denuncian los productores, que van desde los bajos precios de origen hasta las negociaciones en materia de agricultura en los tratados internacionales.

Especulación en la distribución

«La situación actual es muy grave y por una cosa muy sencilla: tenemos unos precios de los productos que vendemos de hace 30 años y, por otro lado, los costes de producción tienen precios europeos y cada vez suben más. En muchos sectores, el precio al que vendemos el producto no nos paga lo que cuesta producirlo. Vender a pérdidas siempre no se puede hacer. Se está produciendo una reconversión callada y encubierta del sector agrario, echando a las explotaciones familiares, que se tienen que ir en muchos casos, arruinadas», explica Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE. Ejemplifica con el precio de la ciruela en Extremadura: «Ponen el precio a 20 céntimos. El coste de producción tiene que estar en torno a los 40 céntimos en una situación normal, pero el consumidor luego va al supermercado y la ciruela se la encuentra por encima de los dos euros». Huertas no duda en calificar este aumento de «especulación» y «abuso» por parte de la industria y la distribución.

La primera queja es, por tanto, los precios a los que los agricultores venden sus productos. En el camino entre el agricultor y el cliente que va a un supermercado está el grueso de las ganancias, que se las queda el distribuidor: «Si tenemos en consideración el precio de origen y el de destino de diciembre de 2019, en general, los precios que se pagan al productor y que luego paga el consumidor se incrementan en un 450% de media. Llegamos al extremo de que en la patata el diferencial es del 700% o en la naranja o a mandarina del 600% . Los márgenes comerciales se los queda la industria y gran distribución».

Además, desde UPA-UCE Extremadura también se quejan de las malas prácticas que «bajan los precios artificialmente», ejemplificando con dos: la «venta a pérdidas» de los supermercados como estrategia comercial y las «subastas a ciegas». Para ejemplificar la primera, recurre al ejemplo de un supermercado que pone el aceite a dos euros como producto gancho y el resto de supermercados, para equipararse, lo que hacen es «presionar al agricultor»: «Les dicen que o lo ponen a este precio o no se lo compran», explica Huertas. También denuncia la opacidad de las subastas a ciegas: «Se saca una licitación y se les dice a las empresas que quieren comprar 100.000 toneladas de aceite y que quien haga la oferta más baja se que queda con ella».

La desregularización y el panorama internacional

La respuesta del ministro de Agricultura, Luis Planas, ha sido clara: «Las administraciones no pueden fijar precios». Se ofrece, sin embargo, a trabajar para paliar la volatilidad. Los representantes consultados de los agricultores replican al Gobierno que haga política y que empiece, por ejemplo, implementando la Ley de la Cadena Alimentaria.

El representante de UPA-UCE Extremadura también alude a la necesidad de hacer una legislación «que nos permita hablar de precios» para hacer frente a los grandes distribuidores que son capaces de incidir en el mercado: Francia tiene una ley que dice que ningún eslabón de la cadena se puede llevar más beneficio del 30% del coste de lo que paga el consumidor por un producto».

Los agricultores, además, creen que sus reivindicaciones benefician también al consumidor. Huertas pone como ejemplo la miel: «La distribuidora les dice a los agricultores que trae miel de Argentina, Corea u otro sitio. No hay una ley de etiquetado que obligue a poner el origen y si hay mezcla de producto. Aprovechan el resquicio que deja la ley y mezclan un 95% de miel de Argentina, le aplican un 5% de España y dicen que está producida en «la UE y otros países, confunden al consumidor».

La agricultura, «moneda de cambio» en los tratados internacionales

Blanco señala que sus quejas tienen una vida de décadas: «Se han ido perdiendo políticas de preferencia comunitaria, de intervención pública, de regulación de mercados, que en este momento están globalizados, sin sistemas de integración de la UE… Se hacen tratados comerciales con países terceros y se utiliza la agricultura como moneda de cambio a costa de nuestros productores. Somos pequeñas y medianas explotaciones con poca capacidad de capitalización». Estos profesionales miran hoy a los tratados que negocia la Unión Europea con Australia y Nueva Zelanda.

Los agricultores ven incoherente que a los productores españoles se les exija cumplir con los estándares de calidad europeos y que después se importen productos de países donde no se cumplen ni con las condiciones sanitarias ni con las sociolaborales: «Está entrando tomate de Marruecos producido con productos no autorizados. En Marruecos, los salarios por desgracia son 14 veces menores en el campo que en España», ejemplifica Blanco.

Además, este año también han tenido que sufrir la guerra de los aranceles iniciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y que ha afectado a la aceituna española.

La negociación de la nueva Política Agraria Común

Ante este «mercado no libre, sino libertino», Blanco también se muestra preocupado por lo que se negocia en la UE: «Todo el Pacto Verde Europeo y el plan verde nos traerá exigencias medioambientales, de bienestar animal, de calidad y seguridad alimentaria, donde tenemos los estándares más altos del mundo… ¿Por qué se reduce la PAC? Lo lógico es que ante estas circunstancias de subida de costes de producción y precios de origen se fortaleciera esa Política Agraria Común», explica, pidiendo «criterios de preferencia comunitaria».

El problema del campo tiene largo recorrido, pero las protestas coinciden con la negociación de la nueva Política Agraria Común (PAC) en el seno de la Unión Europea. «Pedimos dos cosas. Por un lado, que se mantengan los fondos y que la redistribución de ayudas sean más justas. La PAC que tenemos en este momento perjudica a las explotaciones familiares. También pedimos que se recupere los mecanismos de regulación del mercado y que frene la especulación», explica Huertas.

El secretario general de COAG cree que las movilizaciones de esta semana son el principio y habrá otras «más fuertes y más potentes» si no se toman medidas políticas: «No es un sector importante y estratégico, es un sector vital porque producimos alimentos».



UPA Huelva comienza una ronda con agricultores de la provincia para demandar un Precio Según Coste (PSC)

COMUNICADO

Los productos agrícolas y ganaderos desde su origen (productores) hasta su destino (consumidores) atraviesan una serie de “eslabones” de una cadena que debería seguir y comportarse de una manera lógica. En esta cadena “lógica” el productor/a tiene una serie de gastos (inversiones, envase y transporte, mano de obra de manipulado y recolección… etc.) que debería poder repercutir en el coste final del producto para obtener una rentabilidad en su explotación. De esta forma cualquier subida en el coste de producción se repercute en el precio final de una forma proporcionada y el producto pasará al siguiente eslabón de la cadena, que haría lo mismo, hasta el punto de destino.

Bajo este modelo cualquier subida de coste en los medios que se necesitan para producir dificultaría la rentabilidad, pero como puede repartirse de forma proporcionada en el precio final del producto, el agricultor obtiene una rentabilidad mayor o menor dependiendo de la situación. Por ejemplo, una subida en los costes de mano de obra supone, a priori, una cuestión a resolver, pero como el agricultor debería poder poner precio a su producto, esta cuestión no generaría problemas porque se sigue obteniendo rentabilidad en las explotaciones. Por otra parte y en este caso, existiría un valor añadido, puesto que mejorar las condiciones laborales de los trabajadores/as mejora su capacidad adquisitiva y el consumo, que en la parte que corresponde repercutiría en el campo. Lógico ¿no?.

Pues bien, esta cadena “lógica” que hemos explicado se ve absolutamente alterada cuando aparecen algunos lobbies y lo que podemos denominar “Posición de Fuerza”, presionando e imponiendo el precio en aquellos momentos de mayor debilidad de los agricultores durante la campaña.

En la actualidad los precios en origen se ven condicionados bajo la presión que ejercen los eslabones más cercanos al destino, es decir al punto de venta al consumidor. Estos eslabones presionan, a sabiendas de su posición privilegiada en la cadena y de la debilidad de los productores que necesitan vender y sus productos se devalúan con el tiempo por ser perecederos. De esta forma imponen un precio con el único objetivo de conseguir un margen de beneficio altísimo que repercuten en el precio que pagan los consumidores.

Esto explica por ejemplo por qué en determinados momentos de la campaña de arándanos, mientras nuestros productores/as valoran la posibilidad de dejar de recolectar porque el precio que reciben no cubre el precio de coste  (PSC) de producción, los consumidores pagan un 500% con respecto al precio de origen en determinadas grandes superficies o supermercados. Esto se produce porque el lobby de la Gran Distribución impone un precio como condición para dar acceso del producto al punto de venta sin tener en cuenta que el precio sea justo o no, ni para el productor, ni para el consumidor. Esto es extrapolable a la mayoría de productos agrícolas o ganaderos.

Pero hay una cuestión más sangrante si cabe. Debido a esta posición de fuerza de este lobby, en la mayoría de los casos el agricultor/a y el ganadero/a producen y dan salida a sus productos sin saber a qué precio los venden. Será al cabo de semanas o meses cuando les comunican, una vez se cobra el margen y los gastos de cada parte, cuánto dinero ha quedado para ellos. Es decir, que nuestros productores/as producen y asumen costes sin saber si la explotación es rentable o no.

Desde UPA Huelva entendemos que esta situación supone una profunda injusticia y desigualdad para el sector, puesto que mientras los gastos de explotación suben año tras año, el precio de los productos agrícolas y ganaderos lleva estancado a niveles de hace más de 30 años por culpa de esta posición de fuerza. Por eso, desde UPA Huelva creemos que se hace un flaco favor cuando se intenta asociar la subida del salario mínimo interprofesional a la baja rentabilidad de las explotaciones. Lo que hace que nuestras explotaciones no sean rentables es el papel que juegan estos lobbies en el mercado, que ahogan a los precios en origen para cobrarlos a precio oro a los consumidores en destino.

Por eso, desde UPA Huelva, llevamos ya varios años denunciando y realizando movilizaciones porque no se paga un PSC (Precio Según Coste) para nuestros productores y productoras, que trabajan duro en el campo mientras estos lobbies alteran el mercado y amplían su cuenta de resultados trabajando desde un despacho. Todo ello ante la impasibilidad de las administraciones que podían poner fin a esta situación regulando un PSC (Precio Según Coste)  para los productos agrícolas y ganaderos que asegure que no se trabaje nunca por debajo del coste de producción.

Hoy por hoy la agricultura y la ganadería tienen un peso fundamental en la economía de la provincia de Huelva y sin ellas, la provincia no lideraría las afiliaciones a la Seguridad Social como ocurre en determinados momentos del año gracias a la campaña agrícola. Todo esto se está poniendo en juego, porque si no se toman medidas que aseguren un PSC (Precio Según Coste) y se siga dejando el precio en origen en manos de estos lobbies, el campo dejará de ser rentable y el relevo generacional será imposible.

Por  eso, desde UPA Huelva insistimos en la necesidad y la posibilidad que tienen las administraciones competentes en  articular medidas en la cadena alimentaria para prohibir y sancionar aquellas prácticas que destruyan el valor de un producto a lo largo de la cadena o evitar los abusos al productor y al consumidor, con PRECIOS JUSTOS Y ESTABLES  que permitan a los agricultores vivir dignamente y a los consumidores poder acceder a los productos con precios asequibles.

Esta situación está alterando el mercado a favor de unos pocos pero con muchos beneficios y ningún riesgo y es la verdadera razón que está provocando que la España rural quede vaciada, porque con explotaciones rentables los entornos rurales serían una salida laboral que generaría empleo y fijaría población en el territorio. Sin unos precios justos para nuestros productores/as, el campo de la provincia de Huelva se muere.

Desde UPA Huelva vamos a mantener un calendario de reuniones para seguir las reivindicaciones que se están siguiendo en toda España y para lo que queremos recabar la opinión de primera mano de nuestros productores y productoras y aprovecharemos para tratar además otros temas que entendemos fundamentales para el campo de Huelva:

    1. Establecimiento de un precio justo para los agricultores basado en el coste de producción de las explotaciones (PSC).
    2. Desdoble del Túnel de San Silvestre.
    3. Transvase de aguas para el Condado de Huelva.
    4. Seguridad jurídica para las tierras del Condado de Huelva.
    5. Importaciones de terceros países.
    6. Consecuencias del Brexit en los frutos rojos.

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