Adiós a las ‘áreas naturales protegidas’ de Brasil

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Parece impensable que Brasil sufra otro varapalo mientras intenta superar la complicada situación que atraviesa a causa de la emergencia sanitaria por culpa de la COVID-19.

Mientras los contagios aumentan a la velocidad de la luz y los fallecidos continúan contándose por millares, el Gobierno de Brasil, liderado por Jair Bolsonaro, ha aprovechado la coyuntura para abolir una ley que protegía uno de los tesoros más preciados con los que cuenta el país.

En materia medioambiental, la nación lleva años soportando decenas de fuegos en la Amazonia brasileña. Incendios que han devastado por completo este paraje ecológico que tiene una profunda importancia económica y ambiental para el país.

Fuegos que han arrasados miles y miles de hectáreas dejando un escenario ensordecedor debido a la magnitud de los incendios y que, a su vez, ha derivado en la pérdida de la flora y fauna del lugar, ahora irrecuperable.

Pese a esto, Bolsonaro y su gobierno han confirmado una medida que ha generado un gran revuelo a nivel mundial.

El Gobierno de Brasil ha anunciado la derogación de las leyes de preservación de la vegetación del litoral brasileño.

Además, dentro de esta anulación, también se recoge que las conocidas áreas naturales protegidas quedan sin esta condición.

¿Qué se esconde tras esta polémica derogación? ¿Cuál es su fin?

CATÁSTROFE NATURAL

La ley que ha decidido eliminar el Ejecutivo brasileño estaba en vigor desde el año 2002.

Una ley que fue recibida con gran satisfacción ya que defendía la perseveración y conservación de las zonas litorales y las áreas naturales permanentes en la que se encuentran los manglares, fuentes importantísimas para una buen mantenimiento de estas áreas ambientales.

Además, esta ley defendía también la conservación de los espacios de vegetación marítima típica de los trópicos y las restingas.

Sin embargo, el Consejo Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) de Brasil, dirigido por Ricardo Salles, ha decidido que esta ley ya no es necesaria.

Algo que para el director de SOS Mata Atlántic, Mario Mantovani, es “escándaloso”. En una entrevista para el diario France24, Mantovani apunta que “la abrogación de las reglas de protección de los manglares y la restinga constituye un crimen contra la sociedad” y que “la ley de 2002 permitió frenar la destrucción de esa vegetación y el uso de estas áreas con otros fines”.

Ahora, CONAMA ha dado un paso más allá y ha pedido las licencias necesarias para poder realizar proyectos de irrigación.

FINES INMOBILIARIOS Y ECONÓMICOS

Una vez se hizo pública la orden aprobada por el gobierno, decenas de organizaciones en defensa del medio ambiente, como GreenPeace, han puesto el grito en el cielo ante lo que consideran una “decisión premeditada y con fines económicos e inmobiliarios”. 

Así lo asegura la organización en un comunicado difundido a través de sus redes sociales en el que asegura que “con esta decisión se podría acelerar la aprobación de medidas contrarias al interés público“.

“El gobierno gobierna para los sectores que más se benefician a corto plazo de la desregulación ambiental”, señala Mariana Mota, coordinadora de políticas públicas de Greenpeace para la AFP.

Además, Mota destaca que son muchas las organizaciones ecologistas las que saben, a ciencia cierta, que esta decisión tiene como objetivo devastar estas zonas ambientales para edificar en estos terrenos.

Esta afirmación ha sido tristemente confirmada por Ricardo Salle quien, en una reunión ministerial, aseguró que “hay que aprovechar que la prensa está centrada en la crisis del coronavirus para apurar las medidas de flexibilización de los códigos ambientales”.

 

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