Puede discutirse el papel que tuvo el gobierno de Mariano Rajoy a la hora de activar la maquinaria judicial para enfrentar los hechos de octubre de 2017. Puede teorizarse sobre los inputs que recibió el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para activar la querella por rebelión hacia los líderes del procés hoy en la cárcel o en el extranjero. Lo que no es objeto de duda es el papel activista que en los altos tribunales algunos han adoptado. Sectores del Estado (entendido como el weberiano monopolio de la violencia) que se tomaron y se toman por su cuenta la batalla por la unidad de España y la lucha contra el enemigo interior. Así, frente a la supuesta tibieza del entonces presidente (Rajoy) y del que le sucedió (Sánchez), ellos mostrarían mano dura. La guerra sucia de las cloacas policiales o el fatídico discurso del rey del 3 de octubre se enmarcan también en estas coordenadas. Ley y orden (ambas entendidas a su manera) contra los desafíos de España.
Por todo esto es pertinente reflexionar sobre la independencia del poder judicial (en aras a la defensa de la montesquieueuniana tesis de la separación de poderes también nos debería preocupar el avasallamiento del judicial sobre el ejecutivo: bajo la batuta de Ferran Requejo, el Institut d’Estudis d’Autogovern debatió sobre ello recientemente). Aunque me parece aún de mayor interés adentrarnos en el papel partisano que una parte de magistrados se han adjudicado, sobretodo a la hora de dirimir cuestiones con alto contenido político. Las dinámicas actuales de judicialización de la política (y sobre todo las dificultades de desandar la escalada represiva) responden también a una actitud corporativa de jueces y juezas, a una suerte de autoconciencia «trascendente» (versus políticos contingentes) que les ínfula una cierta obligación moral de actuar. Un fenómeno que además parte de una comprensión mayoritariamente conservadora y centralista, pero sobretodo excesivamente legalista, del mundo complejo e incierto que deben juzgar.
Como recuerda Alfons Aragoneses, profesor de historia del derecho de la UPF, la magistratura es una de las instituciones que menos cambia en la transición: no hubo ningún tipo de depuración, ni jubilaciones masivas, ni reformas profundas. Se fio todo al paso del tiempo y al cambio generacional, sin tener en cuenta la resistencia de la vieja cultura jurídica (que no quiere decir franquista). Esta se ha ido transmitiendo de generación en generación a través de unas oposiciones memorialísticas, guiadas por preparadores-jueces, con exclusivos contenidos legales, sin materias humanísticas, de ciencias sociales u otros conocimientos imprescindibles en nuestros días, y que además mantiene a los futuros jueces aislados del mundo por muchos años. También no es menos importante conocer la composición de quienes forman parte de la carrera judicial. Existe un claro sesgo de clase (clases medio-altas y altas), ideológico (conservador) y de procedencia geográfica (del centro). Aunque ha pasado el tiempo, la radiografía no es muy lejana de la que dibujó en 1975 José Juan Toharia con la obra El juez español. Un análisis sociológico dónde indagaba la procedencia (social y territorial) de nuestros jueces.
La sentencia del TJUE supone una importante desautorización al Tribunal Supremo. El debido proceso ha sido violentado, el fallo a Oriol Junqueras debe entenderse como viciado. Un importante grito de alerta: el uso intensivo de los tribunales para hacer frente a un conflicto de raíz política enquista el contencioso pero además devalúa nuestro poder judicial y el propio estado de derecho. Dicho esto, puede extraerse una segunda derivada. Una reflexión general alrededor del activismo judicial en desafíos de Estado. Y para ello resulta fundamental profundizar en los procesos de selección y formación de jueces. Los casos excepcionales no suceden cada día pero permiten poner la lupa a una problemática más amplia. Quizá va siendo hora que la futura mayoría parlamentaria se atreva a plantear la necesaria reforma que nunca ha llegado después de cuatro décadas de democracia (eso sí, con algunos intentos, como el del exministro Mariano Fernández Bermejo durante la segunda legislatura Zapatero).
Gemma Ubasart González (Castellar del Vallés, Barcelona, 1978) es una politóloga española, ex secretaria de Plurinacionalidad y Políticas Públicas para el Cambio de Podemos y ex secretaria general de Podemos en Cataluña. Es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona, es profesora de la Universidad de Gerona y lo ha sido de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha cursado un máster europeo en Sistema Penal y Derechos Humanos en la Universidad de Barcelona, además de un postgrado en Investigación Social Aplicada y Análisis de Datos. Ha realizado estancias en Londres, Padua (Italia), París, Ottawa y Quito.
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