Viernes, 18 de febrero de 2021. Más de 250 académicos, personalidades y organizaciones de toda Europa y otros países, como Canadá- han lanzado una carta abierta para reclamar que la Política Agrícola Común sea negociada en el marco de los derechos de las personas trabajadoras en el sector.
Al menos diez millones de personas están empleadas en el sector de la agricultura en Europa. La mayoría de ellas tienen trabajos estacionales, son jornaleras o, incluso, estados informales e inseguros. Durante la emergencia de la COVID-19, la agricultura fue definida como esencial tanto por instituciones como por gobiernos de la Unión Europea. Sin embargo, para las personas trabajadoras de este sector, aseguran en la citada carta, las privaciones, las violaciones de derechos, las condiciones laborales infrahumanas, los salarios ridículos, la infravivienda y las largas jornadas laborales siguieron representando su día a día.
La situación de las personas trabajadoras del sector agrícola europeo sigue siendo en gran medida invisible, ya sean personas nacionales de UE o de países de fuera de ella. Su lucha pro exigir derechos, justicia social y dignidad en el trabajo no tiene la visibilidad que debería, afirman los firmantes de esta carta. “Sorprendentemente”, advierten, “la situación de las personas trabajadoras del sector agrícola nunca ha figurado en la Política Agrícola Común (PAC)- una política emblemática de la UE, que ahora representa alrededor de un tercio del presupuesto de la UE”.
Por primera vez, el Parlamento Europeo ha adoptado una posición clara: los pagos directos de la PAC deben estar condicionados al respeto de las condiciones laborales y de empleo aplicables en virtud de los convenios colectivos pertinentes, legislación nacional y de la UE, así como convenios de la OIT.
Esta condicionalidad cubriría varias áreas como la imposición de que el empleo se regule por contrataciones legales, la igualdad de trato, la remuneración, el tiempo de trabajo, la salud y seguridad, la vivienda, la igualdad de género, la seguridad social y condiciones justas para todas las personas trabajadoras empleados en la agricultura, incluidas las trabajadoras migrantes.
«Sin embargo, éste es sólo un primer paso en la dirección correcta», aseveran las instituciones y personas individuales que han suscrito este documento. «Las negociaciones entre las instituciones de la UE sobre la nueva PAC aún están en curso y todavía es necesario asegurar que la condicionalidad social se convierta en parte del acuerdo final entre la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. El planteamiento del cumplimiento de los derechos laborales de las personas trabajadoras no puede quedarse sólo como un planteamiento ético. Si la condicionalidad se cumple, nos podríamos asegurar de que la financiación aportada por la PAC contribuya a mejorar el trabajo y la vida de millones de las personas que nos alimentan».
«Por eso, organizaciones, sindicatos, académicos y académicas y personas representativas hacen este llamamiento al sentido de la responsabilidad de las instituciones y la ciudadanía. La justicia social y la equidad deben prevalecer: la nueva PAC necesita condicionalidad social», concluye la carta.
Al menos diez millones de personas están empleadas en la agricultura europea, principalmente como trabajadores estacionales, jornaleros o en otras situaciones inseguras. A pesar de haber sido definido como esencial por las instituciones de la UE y los gobiernos nacionales cuando golpeó el COVID-19, la experiencia vivida de muchos de estos trabajadores sigue siendo de lucha, privación y violaciones de los derechos humanos. Las condiciones de trabajo inhumanas, los salarios bajos, las largas jornadas de trabajo, una alta proporción de trabajo no declarado y viviendas deficientes son solo algunas de las dificultades diarias que enfrentan los trabajadores agrícolas en Europa. Los trabajadores suelen ser víctimas de una explotación generalizada, incluidas las prácticas de capataces y otras formas de esclavitud moderna.
Aunque su difícil situación sigue siendo en gran medida invisible, los trabajadores agrícolas, ya sean ciudadanos de la UE o ciudadanos de fuera de la UE, migrantes o refugiados, que trabajan en el norte, sur, oeste o este de Europa, están unidos para exigir derechos, justicia social y dignidad en el trabajo.
Sorprendentemente, los trabajadores nunca han figurado en la Política Agrícola Común (PAC), una política emblemática de la UE que ahora representa aproximadamente un tercio del presupuesto de la UE (desde máximos de hasta el 73%). Si bien las subvenciones de la PAC están ahora condicionadas con razón al respeto de las normas medioambientales básicas, la salud pública y el bienestar animal, el cumplimiento de los derechos humanos y laborales no desempeña absolutamente ningún papel en la asignación de los pagos directos. Esta es la razón por la que, como era de esperar, la PAC hasta ahora no ha logrado mejorar en gran medida las condiciones de los trabajadores agrícolas.
Sin embargo, se vislumbra una solución concreta y de fácil aplicación. El Parlamento Europeo ha adoptado una posición clara: los pagos directos de la PAC deben estar condicionados al respeto de las condiciones laborales y de empleo aplicables en virtud de los convenios colectivos pertinentes, la legislación nacional y de la UE, así como los convenios de la OIT.
La condicionalidad abarcaría diversas áreas como empleo declarado, igualdad de trato, remuneración, tiempo de trabajo, salud y seguridad, vivienda, igualdad de género, seguridad social y condiciones justas para todos los trabajadores empleados en la agricultura, incluidos los trabajadores móviles y migrantes.
Sin embargo, este es solo un primer paso en la dirección correcta.
Las negociaciones entre las instituciones de la UE sobre la nueva PAC están en curso y ahora es crucial que la condicionalidad social se convierta en parte del acuerdo final entre la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. La posición del Parlamento Europeo debe confirmarse y fortalecerse aún más. El caso que se debe defender no es solo ético: esta es la única manera de evitar el dumping social, asegurando que la PAC pueda proteger a todos los agricultores que respetan los derechos de los trabajadores, pero sufren competencia desleal de aquellos que no lo hacen. Y con la condicionalidad social, una parte importante del presupuesto de la UE, financiada por los contribuyentes de la UE, contribuirá finalmente a mejorar las condiciones de vida y de trabajo en uno de los sectores más difíciles y precarios de la economía de la UE.
La pandemia de COVID-19 presenta a la UE una oportunidad única: reformar la agricultura europea para hacerla verdaderamente sostenible y socialmente justa. La PAC debe contribuir a este objetivo, cumpliendo ambiciosos objetivos medioambientales al tiempo que defiende el respeto de los derechos de los trabajadores agrícolas, que nunca pueden considerarse trámites burocráticos.
Nosotros, los signatarios abajo firmantes, hacemos un llamado a su sentido de responsabilidad como legisladores y ciudadanos de la UE. Los trabajadores agrícolas soportan un calor abrasador y un frío helado, lesiones, dolores y amenazas, sobreviven con unas pocas horas de sueño y comidas rápidas y frugales, viven en chozas o contenedores, pero demuestran una dedicación asombrosa a sus trabajos. Es gracias a ellos que, incluso en una pandemia mundial, hay comida en nuestras mesas.
Los trabajadores agrícolas esperan ahora una respuesta clara de la UE.
La justicia social y la equidad deben prevalecer: la nueva PAC necesita condicionalidad social.
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